La política de estructuración del empleo público en torno a áreas funcionales cuenta con un respaldo normativo y estratégico sólido. Esta orientación se fundamenta, por un lado, en documentos refrendados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (como el documento marco “Consenso por una Administración Abierta”), que establece una hoja de ruta hacia un modelo de gestión del empleo público más profesionalizado, basado en áreas funcionales y en la gestión por competencias. Este enfoque permite ordenar de forma más eficaz los distintos tipos de empleo público, identificar perfiles profesionales adecuados, impulsar trayectorias profesionales coherentes y fomentar el aprendizaje continuo del personal. 

Por otro lado, el marco jurídico viene definido por instrumentos como el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que establece un modelo estructurado en torno a la planificación estratégica de los recursos humanos, el acceso al empleo público, la evaluación del desempeño, la carrera profesional y la dirección pública profesional. Este modelo reconoce expresamente las áreas funcionales como instrumentos clave para agrupar puestos de trabajo en función de sus características comunes, favoreciendo así la articulación coherente de los procesos de provisión, formación y promoción profesional. 

Este planteamiento se alinea además con experiencias de derecho comparado —como el Repertorio Interministerial de Profesiones del Estado en Francia— y con las recomendaciones de la Comisión Europea, que abogan por una estructuración de los recursos humanos en función de competencias. 

Sobre esta base, la organización del empleo público en áreas funcionales permite partir de funciones comunes (como la atención a la ciudadanía) y específicas, para identificar las tareas propias de cada puesto tipo. A partir de ahí, es posible construir marcos competenciales coherentes y vincular los distintos puestos tipo a los procesos estructurales de cada organización. 

En este contexto, la Secretaría de Estado de Función Pública ha promovido un proyecto piloto orientado a definir el área funcional de atención a la ciudadanía. Los resultados obtenidos en esta experiencia servirán como referencia técnica para el diseño e implantación progresiva del modelo general de áreas funcionales en la Administración General del Estado.